Riesgo País, Economía

Las diferencias en los niveles de ingreso real entre países se deben a diferencias en las tasas de crecimiento de sus productos a través de largos períodos de tiempo. Por ejemplo, si Colombia hubiera alcanzado una tasa de crecimiento per cápita promedio anual de 1 punto adicional en el último siglo estaría más cerca de los países desarrollados que de aquellos en vía de desarrollo.

Para reconocer primeramente algunos factores para establecer el “riesgo país” económico, es importante indagar sobre las características del crecimiento económico colombiano desde la segunda mitad del siglo XX y cómo se enmarcan dentro del contexto internacional.

Como referencia, tomamos el estudio “El crecimiento económico colombiano en el siglo XX: aspectos globales” hecho por el Grupo de estudios del crecimiento económico colombiano (1).

En 1950 el PIB per cápita colombiano a precios corrientes no alcanzó a ser 17% del de Estados Unidos; aún hoy, apenas llega a ser 20% del correspondiente a este país y medido a precios constantes ha tenido un crecimiento bastante lento con respecto al de éste.

Sin embargo, para todo el siglo el comportamiento del PIB per cápita colombiano no parece deplorable a juzgar por la experiencia de los países desarrollados en su proceso de transición hacia fines del siglo XX. Si se ordenara por la tasa de crecimiento del producto total real, Colombia estaría ubicado de primero; sin embargo, el crecimiento de su población ha sido mas elevado que el de cualquiera de los países desarrollados en su etapa de crecimiento económico moderno, así que en términos per cápita se ubica de tercero, después de Japón y Suiza.

Así, Colombia experimentó un crecimiento continuo por cerca de setenta años (1932-1998). En la década de los ochenta, el comportamiento del PIB colombiano sobresalió en comparación con los otros países latinoamericanos, cuyos productos experimentaron fuertes fluctuaciones debido a la crisis de la deuda. Mientras que el crecimiento promedio en Latinoamérica durante esta década fue de 1.1%, Colombia creció a una tasa de 3.7%.

La liberalización de la economía colombiana en los años noventa sentó las bases para un mayor crecimiento. Entre 1991 y 1995, la economía creció a tasas superiores del 5% sobrepasando el promedio latinoamericano. Sin embargo, este periodo de crecimiento fue interrumpido en 1996 debido a los desajustes registrados en las cuentas fiscales y externas, y a la crisis internacional que comenzó en Asia y se trasmitió a otros mercados emergentes como Rusia y Latinoamérica. El resultado fue una reducción en el crecimiento económico entre 1996 y 1998 y una fuerte caída de 3.8% en el PIB real para 1999. Este fue un fenómeno atípico si se considera el buen récord de crecimiento económico del país.

A diferencia de muchos países latinoamericanos, durante el siglo XX Colombia logró mantener la inflación bajo control y nunca experimentó periodos de hiperinflación. En 2004 Colombia registró la inflación más baja de los últimos 40 años: continuando con la tendencia decreciente que viene mostrando desde 1999, en 2005 la inflación se ubicó en 4.85%. Para 2006, se cumplió cabalmente con la meta de inflación que se había fijado el Banco de la República, ubicándose en un 4.48%.

Texto de referencia disponible en http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra134.pdf

Indicadores Sociales

Los indicadores sociales pueden plantearse como objetivo evaluar cuál es el impacto que tiene la política económica en el bienestar de las personas, ya que, en principio, se debe destacar la interacción que entre ellas existe.

A comienzos de los años noventa hubo numerosos estudios sobre indicadores sociales, especialmente sobre pobreza.

La Línea de Pobreza (LP) es un indicador de ingresos y el Indice de Necesidades Básicas (NBI) es una medida de necesidades. A finales de los noventa se han desarrollado dos indicadores que se aproximan a una medida de estándar de vida: el Indice SISBEN (I-SISBEN) y el Indice de Condiciones de Vida (ICV) Colombia ya lleva algunos años calculando el Indice de Desarrollo Humano (IDH) propuesto por Naciones Unidas. Sin duda, en los años noventa el país ha dado pasos significativos. Pero todavía hace falta realizar un largo trabajo para que la comunidad y la sociedad los aprehenda.

En el último Informe de Desarrollo Humano para Colombia (Misión Social y PNUD 2000), hay evidencias claras de que la crisis económica de los noventa ha tenido un impacto negativo en el bienestar de las personas. Junto con el deterioro del capital físico y social, se ha producido un empeoramiento del capital humano. Gracias a los indicadores sociales sabemos que:

i) En las familias pobres ha disminuido la cobertura educativa en secundaria. Los jóvenes han tenido que abandonar la escuela con el fin de buscar un trabajo que les permita compensar la caída de los ingresos de los hogares debido al desempleo del perceptor principal.

ii) El número de familias extensas ha crecido.

iii) El NBI ha dejado de bajar. En los dos últimos años se ha estancado.

iv) La esperanza de vida para los jóvenes entre los 15 y los 25 años ha disminuido. v) La cobertura en salud se ha frenado.

v) En los últimos tres años el ICV no mejoró como lo venía haciendo desde mediados de los ochenta.

Estos indicadores nos muestran que la política económica aplicada durante los noventa ha tenido consecuencias negativas y de largo plazo en el bienestar de las personas.

“Holismo local”

Ahora, cabe destacar que el estándar de vida, el bienestar y la pobreza son realidades muy complejas, que escapan a cualquier indicador. González (2000) ha tomado el término “holismo local” de Kuhn (1981), quien lo utiliza en el análisis de los problemas inherentes a la traducción.

Con esto, este autor se refiere a que la construcción y la interpretación del indicador deben garantizar la comprehensividad local. El indicador no puede leerse por fuera de sus interacciones. Y éstas sólo son válidas en un contexto específico. Como le sucedía a Kuhn con la lectura de Aristóteles, es muy probable que la interpretación del indicador no se realice de manera adecuada, porque no se respeta el holismo local.

El índice de precios al consumidor (IPC) es intuitivamente claro: si el IPC sube el poder adquisitivo de la moneda baja. La fuerza social que adquiere el IPC se explica porque la gente lo siente, así no lo entienda. Otro indicador que tiene mucha aceptación social es el PIB. El principio interpretativo es sencillo: los países con más alto PIB son más ricos. Es mejor que el PIB suba que baje. El IPC y el PIB son indicadores que no obstante la complejidad de su elaboración, remiten a escenarios sencillos y comprensibles. En cambio, la medida de desigualdad de Theil 7/ es un indicador difícil de interpretar, porque involucra el concepto de entropía, que únicamente es familiar para los físicos.

González, J. (2000). “Política Social e Indicadores Sociales en Colombia: Una Evaluación”, Investigación y Desarrollo, vol. 8, no. 3, diciembre, pp. 244-257.

Kuhn, T. (1981). “Conmensurabilidad, Comparabilidad y Comunicabilidad”, en Qué son las Revoluciones Científicas? y otros Ensayos, Paidós, Universidad Autónoma de Barcelona., 1989, pp. 95-136.

Descontento social colombiano

Cientos de miles de personas, quizás casi un millón, marcharon en las ciudades colombianas y varias del extranjero para expresar su solidaridad con todas las víctimas y su rechazo a paramilitares y demás grupos que siembran el terror en el país.

La marcha tenía todo en contra. La crisis con Ecuador y Venezuela distrajo la atención de los medios que no pudieron convocar con la misma dedicación que en la marcha anterior. También creó nerviosismo entre muchos ciudadanos que creyeron que con semejante tensión, el ambiente no estaba para salir a marchar. A diferencia de la marcha del 4 de febrero, el gobierno no la auspició, e incluso algunas de sus figuras trataron de deslegitimarla.

Además, muchas de las víctimas del paramilitarismo son campesinos que no tienen los medios para viajar a la ciudad a protestar. Y, para completar, era la segunda marcha en menos de un mes y no es fácil movilizar a un país en tan corto tiempo, y después de una manifestación tan contundente como la de febrero.

Sin embargo la marcha funcionó. No fue tan masiva ni tan gigante, pero lo suficientemente nutrida y constante para hacer sentir la solidaridad ciudadana en todo el país. Miles de estudiantes, desplazados, campesinos, educadores, familiares de víctimas y colombianos del común salieron en todas la ciudades de Colombia a marchar y también en varias ciudades del exterior.

Es difícil hacer cálculos de cuántos salieron a la calle a protestar, pero según observadores de las diferentes ciudades, quizás alcanzó el millón de personas. En Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla y en casi todas las demás capitales colombianas, los caminantes protestaron contra todas las formas de violencia. Los estudiantes en Bogotá recrearon con pequeñas obras de teatro callejero las masacres de los paramilitares contra civiles o las torturas a las que han sido sometidos muchos inocentes. En Medellín, las organizaciones de víctimas montaron actos simbólicos que invitaban a la solidaridad y a la compresión de su dolor. Otros familiares víctimas en todo el país contaron a los medios sus historias: la madre del desaparecido, el padre del asesinado, el campesino que perdió su tierra. Algunos de ellos era la primera vez que podían hacer oír sus voces y sus reclamos por todo el territorio.

En varias ciudades los mandatarios locales se sumaron a la protesta y celebraron el respaldo que les dieron miles de ciudadanos a sus esfuerzos por construir gobiernos legítimos que están del lado de la ley y la paz. En Cartagena, por ejemplo, la alcaldesa Judith Pinedo fue aplaudida por una multitud cuando expresó cómo le causaba a la ciudad tanto dolor el secuestro de sus líderes como Fernando Araujo a manos de las Farc, como la masacre de El Salado a manos de los paramilitares.

El alcalde de Medellín, Alonso Salazar, invitó a sus conciudadanos a salir a La Alpujarra para solidarizarse con las múltiples víctimas de todos los bandos que conviven en esta ciudad. En Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina, salió como uno más en la larga marcha de unas 50 mil personas. “Me movilizo en solidaridad de las víctimas de las masacres, de los desaparecidos y los desplazados, me movilizo por la vida y por la dignidad”, dijo a los medios.

También hubo solidaridad mundial con la marcha. Cientos salieron a protestar pacíficamente contra la barbarie en Colombia, en Berlín, Madrid, París, Caracas, Ciudad de México, Bruselas, Nueva York y Washington, entre muchas otras.

Muchos ciudadanos llegaron a las marchas de sus ciudades organizados. Hubo sindicalistas, educadores, movimientos campesinos, líderes de partidos políticos, miembros de organizaciones de derechos humanos y los representantes de desplazados de diferentes regiones que marcharon a Bogotá desde Flandes y desde Villavicencio, o que viajaron a otras capitales. Estudiantes con pancartas y consignas preparadas, algunas francamente agresivas contra el gobierno, o el presidente Alvaro Uribe o contra los crímenes de agentes del Estado. No obstante, a pesar de las consignas ácidas y los estribillos ofensivos, el tono era alegre, como de carnaval.

Sólo unos pocos desadaptados, quizás agitadores profesionales, al final de una jornada sin incidentes en Bogotá, armaron una trifulca frente al Congreso tirando piedra y agrediendo a la policía. Pero eso fue la excepción.

Muchos otros ciudadanos salieron a la calle en forma individual. Amas de casa de clase media, ejecutivos, empleados, familiares de víctimas de las guerrillas y de los paramilitares, se unieron espontáneamente a la protesta, algunos durante casi toda la mañana, otros apenas por un par de horas. Llevaban camisetas blancas, o iban vestidos de luto, o con letreros alusivos al rechazo a los paramilitares o las Farc o simplemente banderas patrias o blancas.

Con la marcha Colombia demostró un espíritu cívico digno de admiración. Demostró que está cansada de violencia, que no aprueba la impunidad de los crímenes, sin importar quién los haya cometido. Los ciudadanos de bien, que se habían quedado callados o indiferentes por tantos años, hicieron sentir a los violentos su fuerza de mayorías y su dignidad civil.

Fuente: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=109991

Colombia

Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país ubicado en la zona noroccidental de América del sur.

Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá. Su superficie es de 2.070.408 km, de los cuales 1.141.748 km² corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km² corresponden a su extensión marítima.

Es el único país sudamericano que tiene costas en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico (a través del Mar Caribe).

Su capital es Bogotá. Es el cuarto país más grande de América del Sur. Forman parte de su territorio el archipiélago de San Andrés y Providencia, El Rosario y San Bernardo, en el Caribe; y las islas de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo, en el Pacífico.

Su ubicación en la zona tórrida le permite disfrutar de variedad de ecosistemas y climas. El 67% del territorio es llano especialmente las regiones de la Orinoquía y la Amazonía y el 33% restante montañoso. Así, el país no presenta las cuatro estaciones, sino que son las variaciones de altitud y los vientos alisios y locales los que hacen que la temperatura disminuya o aumente según se ascienda o se descienda desde o hacia el nivel del mar

La Cordillera de Los Andes, que se origina en Chile, al ingresar a territorio de Colombia se divide en tres ramas, la occidental, la central y la oriental, que atraviesan de sur a norte el país. Curiosamente los puntos mas elevados del país se ubican en la Sierra Nevada de Santa Marta, Pico Cristóbal Colón y Simón Bolívar a 5,775 m sobre el nivel del mar, sistema montañoso separado de las tres cordilleras derivadas de Los Andes.

¿Derogación al impuesto de los combustibles?

El impuesto específico a los combustibles fue creado bajo un estado de excepción constitucional. Por otro lado la Constitución Política en su artículo 44 en el último inciso dice lo siguiente: "Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los mismos"

La ley establece un gravamen a la primera venta o importación de gasolina automotriz y de petróleo diesel y, afecta al productor o importador de ellos. Su base imponible está formada por la cantidad de combustible, expresada en metros cúbicos. La tasa del impuesto es de 1,5 UTM (1) por metro cúbico para el petróleo diesel y de 6 UTM por metro cúbico para la gasolina automotriz. En Marzo de este año, la presidenta Bachelet informaba una rebaja inmediata parcial del impuesto específico a los combustibles. Esto significo que de 6 UTM por metro cúbico, este pasaría a 4.5, lo que en rigor significaría una rebaja en el precio de la bencina de al menos 50 pesos por litro y se “extendería” por 24 meses.

Luego de no cumplir con lo establecido, y de que los combustibles se elevaran a precios históricos en nuestro país, camioneros y transportistas de todo el país realizaron una huelga nacional para protestar. El diario el Mercurio realizó una encuesta sobre el tema (2) la cual se realizó en el Gran Santiago, compuesto por las 34 comunas de las zonas urbanas, incluidas Puente Alto y San Bernardo, el viernes 6 de junio, a 600 familias residentes en los hogares del Gran Santiago con teléfono fijo.

El 83,5% de los encuestados sostiene que se debe descontar el impuesto a los taxis y colectivos; el 82,3% a las micros y buses, y el 76,1% a los automovilistas.

Ante la pregunta de si la solución que el Gobierno le dio al conflicto de los camioneros estimulará a otros gremios para que actúen en forma similar, el 74,4% dijo que sí, y sólo el 18,4% respondió que no.

El 67,4% de los entrevistados dijo estar de acuerdo con la movilización de los camioneros -que durante tres días bloqueó las carreteras-, para obtener sus exigencias económicas frente al Gobierno. El 28,5% dijo estar en desacuerdo, y el 4,1% planteó no saber o no respondió.

Ante la pregunta de cómo actuó el Gobierno en el acuerdo alcanzado con el gremio de los camioneros, el 55,1% respondió que "con debilidad y a favor de los camioneros", el 28,5% "con serenidad y responsabilidad", y el 16,4% no supo o no respondió.

El 37,1% aseguró que el factor más importante para tener éxito en las demandas económicas y sociales frente al Gobierno es "si la causa de las personas movilizadas es legítima", el 35% que es "la capacidad de paralizar actividades de importancia para el país", y el 12,9% estimó que es clave el apoyo de los partidos políticos.

Con respecto a la derogación de todos los impuestos asociados a los combustibles, se realizó una investigación (3) donde se cree que es posible, en base a contradicciones del gobierno, y proponen una solución en dos etapas.

De acuerdo a la ley de presupuestos del 2006, la recaudación por concepto de impuestos a los combustibles alcanzará 862.422 millones de pesos este año, lo que equivale a unos 1.580 millones de dólares. Esta recaudación proviene de un conjunto de tributos que afectan a los distintos tipos de combustibles destinados fundamentalmente al transporte, tanto público como privado.

Existe un contrasentido en la aplicación de este impuesto en la actualidad, pues esta tributación fue creada para financiar las crecientes necesidades de inversión en obras públicas que tenía el país a mediados de los ochenta, especialmente después del terremoto de 1985. En el transcurso de los años, y en una acertada decisión, el Estado se fue desprendiendo de las necesidades de capital que exigen las obras de infraestructura, entregándolas, mediante concesiones a empresas privadas, las que cobran directamente mediante peajes. De esta manera el Estado chileno ha reducido significativamente sus requerimientos de inversión en obras públicas, las que en la actualidad representan unos 300 millones de dólares al año, es decir menos de un 20% de lo recaudado.

Una segunda contradicción, es el argumento basado en las externalidades de tipo ambiental provocadas por el uso de combustibles. La carga tributaria sobre los combustibles no es homogénea y no castiga en mayor medida a los combustibles más contaminantes. El impuesto a las bencinas es de 6 UTM por cada mt3, valor que cuadruplica las 1,5 UTM por mt3 que se paga por el Petróleo Diesel, cuando este último es el que más contamina. Por otra parte el Kerosene está libre de impuestos, siendo el combustible responsable de una parte significativa de la contaminación intradomiciliaria.

La respuesta a esta aparente paradoja es que han primado supuestos criterios de tipo social, al tratarse de combustibles utilizados por los grupos de menores ingresos (transporte público a diesel y calefacción domiciliaria a parafina) favoreciendo entonces su consumo y por lo tanto los efectos contaminantes de estos en detrimento de alternativas más limpias.

¿Es posible mantener una política de hacienda pública responsable y rebajar simultáneamente el impuesto a los combustibles?

Absolutamente posible. Y es que la Concertación, sin grandes declaraciones, sin grandes reformas ha mantenido una política tributaria claramente expansiva en los últimos años. En el año 2000 la recaudación tributaria neta representó un 16,3% del PIB. La recaudación tributaria implícita en el presupuesto del 2006 representa un 18,4% del PIB, es decir, en sólo 6 años la recaudación de impuestos creció en 2,1% del PIB, esto equivale a 1,4 billones de pesos adicionales anuales, o sea casi 2.600 millones de dólares. Adicionalmente es necesario considerar que la recaudación tributaria ha sobrepasado las expectativas. En efecto, aunque el presupuesto 2006 ya consideraba una recaudación tributaria neta un 11,8% superior a la registrada en el 2005, lo recaudado entre enero y abril de este año supera al 2005 en un 14,7% promedio. Una proyección conservadora nos permite suponer que el Estado Chileno recaudará durante el año 2006 más de 320 mil millones de pesos adicionales al presupuesto nacional.

Como veremos a continuación, estas consideraciones permiten la eliminación del Impuesto a los Combustibles en dos etapas, sin afectar el financiamiento de los proyectos sociales de la presidenta Bachelet.

Una reducción de 50% a partir del 2º semestre de este año, y su total derogación a partir del 1º de enero del 2010. La reducción del Impuesto a los combustibles a un 50% de su valor actual representa una reducción en la recaudación de 215.606 millones durante el 2006, la que estaría totalmente financiada con los 320.000 millones de mayor ingreso tributario proyectado para este año.

A pesar de la eliminación del tributo a los combustibles la participación de la recaudación tributaria seguiría creciendo como proporción del PIB, creciendo desde el 18% del 2006 hasta un 19,1% en el 2010, ya que esta recaudación crece más que el PIB. Esto último deja espacio para futuras reducciones de impuestos, las que podrían alcanzar otros 2,1 billones de pesos en los próximos cuatro años.

Estas proyecciones no consideran ni los mayores ingresos derivados del alto precio del cobre ni las ganancias financieras de estos recursos. Cabe destacar, que la existencia de un Fondo de Estabilización sólo permite limitar la volatilidad en el precio, la que en si misma no es negativa. Lo que los consumidores esperan es una reducción en los precios pagados, lo que sólo se puede lograr eliminando total o parcialmente los tributos.

(1) UTM: Unidad Tributaria Mensual. Medida de dinero expresada en pesos cuyo monto es determinado por ley, actualizándose mensualmente.

(2) http://diario.elmercurio.com/2008/06/08/nacional/politica/noticias/79851D37-61A8-4FE1-BECE-835AE3E93305.htm

(3) http://www.alturamanagement.cl/pdf/Derogacion%20Impuesto%20a%20los%20Combustibles.pdf

http://www.sii.cl/portales/inversionistas/sistema_tributario/impuesto_combustibles.htm

http://leyesciudadanas.bcn.cl/content/view/202327/Impuesto_espec_fico_a_los_combustibles.html