¿Derogación al impuesto de los combustibles?

El impuesto específico a los combustibles fue creado bajo un estado de excepción constitucional. Por otro lado la Constitución Política en su artículo 44 en el último inciso dice lo siguiente: "Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los mismos"

La ley establece un gravamen a la primera venta o importación de gasolina automotriz y de petróleo diesel y, afecta al productor o importador de ellos. Su base imponible está formada por la cantidad de combustible, expresada en metros cúbicos. La tasa del impuesto es de 1,5 UTM (1) por metro cúbico para el petróleo diesel y de 6 UTM por metro cúbico para la gasolina automotriz. En Marzo de este año, la presidenta Bachelet informaba una rebaja inmediata parcial del impuesto específico a los combustibles. Esto significo que de 6 UTM por metro cúbico, este pasaría a 4.5, lo que en rigor significaría una rebaja en el precio de la bencina de al menos 50 pesos por litro y se “extendería” por 24 meses.

Luego de no cumplir con lo establecido, y de que los combustibles se elevaran a precios históricos en nuestro país, camioneros y transportistas de todo el país realizaron una huelga nacional para protestar. El diario el Mercurio realizó una encuesta sobre el tema (2) la cual se realizó en el Gran Santiago, compuesto por las 34 comunas de las zonas urbanas, incluidas Puente Alto y San Bernardo, el viernes 6 de junio, a 600 familias residentes en los hogares del Gran Santiago con teléfono fijo.

El 83,5% de los encuestados sostiene que se debe descontar el impuesto a los taxis y colectivos; el 82,3% a las micros y buses, y el 76,1% a los automovilistas.

Ante la pregunta de si la solución que el Gobierno le dio al conflicto de los camioneros estimulará a otros gremios para que actúen en forma similar, el 74,4% dijo que sí, y sólo el 18,4% respondió que no.

El 67,4% de los entrevistados dijo estar de acuerdo con la movilización de los camioneros -que durante tres días bloqueó las carreteras-, para obtener sus exigencias económicas frente al Gobierno. El 28,5% dijo estar en desacuerdo, y el 4,1% planteó no saber o no respondió.

Ante la pregunta de cómo actuó el Gobierno en el acuerdo alcanzado con el gremio de los camioneros, el 55,1% respondió que "con debilidad y a favor de los camioneros", el 28,5% "con serenidad y responsabilidad", y el 16,4% no supo o no respondió.

El 37,1% aseguró que el factor más importante para tener éxito en las demandas económicas y sociales frente al Gobierno es "si la causa de las personas movilizadas es legítima", el 35% que es "la capacidad de paralizar actividades de importancia para el país", y el 12,9% estimó que es clave el apoyo de los partidos políticos.

Con respecto a la derogación de todos los impuestos asociados a los combustibles, se realizó una investigación (3) donde se cree que es posible, en base a contradicciones del gobierno, y proponen una solución en dos etapas.

De acuerdo a la ley de presupuestos del 2006, la recaudación por concepto de impuestos a los combustibles alcanzará 862.422 millones de pesos este año, lo que equivale a unos 1.580 millones de dólares. Esta recaudación proviene de un conjunto de tributos que afectan a los distintos tipos de combustibles destinados fundamentalmente al transporte, tanto público como privado.

Existe un contrasentido en la aplicación de este impuesto en la actualidad, pues esta tributación fue creada para financiar las crecientes necesidades de inversión en obras públicas que tenía el país a mediados de los ochenta, especialmente después del terremoto de 1985. En el transcurso de los años, y en una acertada decisión, el Estado se fue desprendiendo de las necesidades de capital que exigen las obras de infraestructura, entregándolas, mediante concesiones a empresas privadas, las que cobran directamente mediante peajes. De esta manera el Estado chileno ha reducido significativamente sus requerimientos de inversión en obras públicas, las que en la actualidad representan unos 300 millones de dólares al año, es decir menos de un 20% de lo recaudado.

Una segunda contradicción, es el argumento basado en las externalidades de tipo ambiental provocadas por el uso de combustibles. La carga tributaria sobre los combustibles no es homogénea y no castiga en mayor medida a los combustibles más contaminantes. El impuesto a las bencinas es de 6 UTM por cada mt3, valor que cuadruplica las 1,5 UTM por mt3 que se paga por el Petróleo Diesel, cuando este último es el que más contamina. Por otra parte el Kerosene está libre de impuestos, siendo el combustible responsable de una parte significativa de la contaminación intradomiciliaria.

La respuesta a esta aparente paradoja es que han primado supuestos criterios de tipo social, al tratarse de combustibles utilizados por los grupos de menores ingresos (transporte público a diesel y calefacción domiciliaria a parafina) favoreciendo entonces su consumo y por lo tanto los efectos contaminantes de estos en detrimento de alternativas más limpias.

¿Es posible mantener una política de hacienda pública responsable y rebajar simultáneamente el impuesto a los combustibles?

Absolutamente posible. Y es que la Concertación, sin grandes declaraciones, sin grandes reformas ha mantenido una política tributaria claramente expansiva en los últimos años. En el año 2000 la recaudación tributaria neta representó un 16,3% del PIB. La recaudación tributaria implícita en el presupuesto del 2006 representa un 18,4% del PIB, es decir, en sólo 6 años la recaudación de impuestos creció en 2,1% del PIB, esto equivale a 1,4 billones de pesos adicionales anuales, o sea casi 2.600 millones de dólares. Adicionalmente es necesario considerar que la recaudación tributaria ha sobrepasado las expectativas. En efecto, aunque el presupuesto 2006 ya consideraba una recaudación tributaria neta un 11,8% superior a la registrada en el 2005, lo recaudado entre enero y abril de este año supera al 2005 en un 14,7% promedio. Una proyección conservadora nos permite suponer que el Estado Chileno recaudará durante el año 2006 más de 320 mil millones de pesos adicionales al presupuesto nacional.

Como veremos a continuación, estas consideraciones permiten la eliminación del Impuesto a los Combustibles en dos etapas, sin afectar el financiamiento de los proyectos sociales de la presidenta Bachelet.

Una reducción de 50% a partir del 2º semestre de este año, y su total derogación a partir del 1º de enero del 2010. La reducción del Impuesto a los combustibles a un 50% de su valor actual representa una reducción en la recaudación de 215.606 millones durante el 2006, la que estaría totalmente financiada con los 320.000 millones de mayor ingreso tributario proyectado para este año.

A pesar de la eliminación del tributo a los combustibles la participación de la recaudación tributaria seguiría creciendo como proporción del PIB, creciendo desde el 18% del 2006 hasta un 19,1% en el 2010, ya que esta recaudación crece más que el PIB. Esto último deja espacio para futuras reducciones de impuestos, las que podrían alcanzar otros 2,1 billones de pesos en los próximos cuatro años.

Estas proyecciones no consideran ni los mayores ingresos derivados del alto precio del cobre ni las ganancias financieras de estos recursos. Cabe destacar, que la existencia de un Fondo de Estabilización sólo permite limitar la volatilidad en el precio, la que en si misma no es negativa. Lo que los consumidores esperan es una reducción en los precios pagados, lo que sólo se puede lograr eliminando total o parcialmente los tributos.

(1) UTM: Unidad Tributaria Mensual. Medida de dinero expresada en pesos cuyo monto es determinado por ley, actualizándose mensualmente.

(2) http://diario.elmercurio.com/2008/06/08/nacional/politica/noticias/79851D37-61A8-4FE1-BECE-835AE3E93305.htm

(3) http://www.alturamanagement.cl/pdf/Derogacion%20Impuesto%20a%20los%20Combustibles.pdf

http://www.sii.cl/portales/inversionistas/sistema_tributario/impuesto_combustibles.htm

http://leyesciudadanas.bcn.cl/content/view/202327/Impuesto_espec_fico_a_los_combustibles.html

Ley General de Educación, el “reemplazo” de la LOCE

La controvertida Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) dejó su huella en cuanto a divergencia de opiniones se trata. Su reemplazante, el proyecto de la nueva Ley General de Educación, tiene puntos que se prestan a discusión. Veamos qué plantea...

Lunes 9 de abril. Pocos minutos antes de las 11 horas de la mañana. La Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que sustituye la actual y controvertida Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) y la reemplaza por la nueva Ley General de Educación, que espera ingresar al Parlamento para su aprobación.

Los posibles cambios destacables de proyecto serían; la no discriminación. Si bien, la Mandataria había manifestado que hasta sexto básico, se aplicarían los criterios y condiciones de no discriminación y no selección en los establecimientos educacionales, ahora se planteó que fuera hasta octavo básico. Así se aseguraría la igualdad de oportunidades para todos y todas. A su vez, el Estado velará por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa.

También, la creación del Consejo Nacional de Educación que reemplazará al antiguo Consejo Superior de Educación, creado durante el régimen militar. El nuevo consejo representativo (de todos los actores del sistema escolar, con una clara vocación por escuchar la voz de la sociedad) estará a cargo de definir el currículo, los estándares de calidad y la evaluación de los distintos sectores educativos.
Otro cambio implica que los sostenedores sólo podrán ostentar el cargo de sostenedor aquellas corporaciones municipales o fundaciones sin fines de lucro. Se fijará un plazo de cuatro años para que las entidades que actualmente tienen reconocimiento oficial puedan adecuarse a las nuevas exigencias.

¿QUÉ OTRAS COSAS DEBERÍA HACER ESTA NUEVA LEY?

• Regular el sistema escolar, entregando reglas claras para asegurar un servicio educativo de calidad para todos los niños, independiente de su condición social, económica, cultural o territorial. Establece claramente las condiciones y requisitos para la entrega del servicio educativo.

• Establecer derechos y deberes para todos los actores del sistema educativo y genera condiciones para una participación activa de todos ellos en el proceso educativo.

• Equilibrar el derecho a la libertad de enseñanza y a recibir educación de calidad. Los padres pueden escoger y acceder sin discriminación al establecimiento de enseñanza para sus hijos, y existe la libertad para abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

• Generar los mecanismos para contar con sistemas de evaluación de calidad de la educación de acuerdo a estándares que se definan nacionalmente. Además se deberán generar los apoyos técnicos y pedagógicos necesarios para mantener procesos de mejora continua en los establecimientos educaciones.

• Promover la transparencia del sistema educativo, exigiendo la publicación y libre acceso a la información respecto a proyectos educativos, resultados académicos, evaluaciones docentes y recursos financieros.

El principal objetivo de esta “nueva” ley es corregir la legislación vigente para terminar con la discriminación y garantizar la calidad de la enseñanza. Al menos así se plantea la orientación del proyecto de ley. Éste además, establece un nuevo marco regulatorio para la educación pública y privada con mayores estándares de calidad, consagrando derechos y deberes para los distintos actores del sistema educativo.

Ahora cabe preguntarse, ¿Son estos cambios correctivos realmente beneficiosos para los estudiantes de este país? Y principalmente ¿Se harán realmente factibles estos beneficios? Lo realmente cierto, es que todos tenemos derecho a una educación de calidad sin ningún pero.

Fuentes:

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=295526f0-be1d-40dd-a503-52285587ee2e&ID=132837

http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/proyecto_de_ley_de_educacion.pdf

TC oficializa fallo que prohíbe distribución de píldora del día después en el sistema público

En un fallo dividido, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió acoger el requerimiento de un grupo de parlamentarios de la Alianza que solicitaron que se prohíba la distribución de "la píldora del día después" en el sistema público, resolución que sería dada a conocer el 22 de abril próximo, pero que trascendió durante esta semana.

En el documento, el organismo rechazó la impugnación contra los denominados Dispositivos Intrauterinos (DIU) y desestimó que el secreto en la entrega de la píldora a los adolescentes vulnere el derecho de los padres de orientar y educar a sus hijos en el uso de los métodos de regulación de la fertilidad.
"Ante los múltiples trascendidos y versiones acerca de lo decidido por este Tribunal Constitucional sobre el requerimiento presentado por 36 diputados en contra del Decreto Supremo Nº 48/2007 del Ministerio de Salud, que aprueba las 'Normas Nacionales Sobre Regulación de la Fertilidad', y con el objeto de informar adecuadamente a la opinión pública, se ha resuelto, en esta oportunidad y de modo unánime, dar a conocer el acuerdo que se adoptó, aún cuando el respectivo fallo se encuentra en fase de redacción".

La votación fue adoptada con los votos de los ministros José Luis Cea Egaña, Raúl Bertelsen Repetto, Mario Fernández Baeza, Marcelo Venegas Palacios y Marisol Peña Torres. Por su parte, el presidente del Tribunal, Juan Colombo Campbell, y los ministros Hernán Vodanovic Schnake, Jorge Correa Sutil y Francisco Fernández Fredes, votaron por rechazar ese capítulo del requerimiento.

En la resolución, el organismo señala que resolvió "acoger el requerimiento únicamente en cuanto se declarará la inconstitucionalidad del punto 3.3. de la Sección C de las mismas normas referidas, que ordena al sistema público de salud aconsejar y distribuir los métodos de 'Anticoncepción Hormonal de Emergencia', conocidos genéricamente como 'píldora del día después'".

Jóvenes pobres se embarazan más

Entre las razones que se han esgrimido por parte del Ministerio de Salud para el reparto de la píldora, está que los grupos de riesgo de embarazo son las jóvenes en situación de escasos recursos.

Las cifras indican que en los sectores pobres una de cada cinco adolescentes menores de 20 años es madre, mientras que entre el sector acomodado una de cada 30 jóvenes tiene un hijo.
Otro antecedente indica que el método más usado para evitar el embarazo juvenil es la anticoncepción oral y en tercer lugar los dispositivos intrauterinos, como la "T" de cobre.

El caso de "la píldora" en la justicia
Marzo 2001
Comienza la polémica luego que el ISP autorizó el registro de una versión de "la píldora del día después" llamada Postinal. Grupos opositores presentan la primera acción legal y la Corte Suprema falla en su favor, sacando el producto del mercado.

Noviembre 2002
El centro Ages interpuso una demanda contra la cartera de Salud y el ISP por distribuir (Postinor-2). En julio de 2004, el 20° Juzgado Civil de Santiago prohibió la venta de la pastilla debido a la presentación de Ages. En diciembre, la corte revoca el fallo.

Diciembre 2005
Ages presenta otro recurso, pero la Corte Suprema no modificó la sentencia anterior. La entidad Ages presenta un recurso contra el laboratorio Grünenthal que comercializa la pastilla. En vista de ello, la compañía retiró el fármaco y cerró su registro sanitario.

Febrero 2007
32 parlamentarios interponen un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Piden que no se permita la venta de sustancias que contengan levonorgestrel (como dispositivos de cobre, la píldora y anticonceptivos) a menores de 18 años.

Expertos: prohibición causaría alza de abortos

Si el levonorgestrel es declarado inconstitucional, no sólo la "píldora del día después" saldrá del mercado, sino también todos los anticonceptivos que tengan ese compuesto, además de la T de cobre. Ese cambio en el panorama nacional afectaría a 3.358.196 mujeres de entre 15 y 49 años, y los expertos advierten que los abortos clandestinos doblarían a la cantidad de nacimientos adicionales que aparecerían después de la decisión.

Así lo explica el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y creador del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, doctor Ramiro Molina y el director de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, Giorgio Solimano, quienes enviaron un estudio al Tribunal Constitucional.

En él se indica que 54,8% de las chilenas usa anticonceptivos orales, 42,8% dispositivos intrauterinos y 2,4% inyectables.

Pero no es todo. Si el levonorgestrel fuera prohibido, Molina calcula que habría 150 mil nacimientos extras al año, y los abortos clandestinos llegarían a 275 mil, elevándose a 56 mil las hospitalizaciones por abortos. La mortalidad materna por esa causa crecería entre dos y cinco veces.

Las cifras de la salud pública del 2007 indican que 1.160.229 personas usaron algún método de control de natalidad, siendo el dispositivo intrauterino el más usado (545.067). Le siguen los mecanismos hormonales combinados (424.458), progestágeno (65.544) e inyectable (58.873). Atrás está el preservativo: 48.747 fueron solicitados por mujeres y 11.273 por hombres.
Entre 1990 y 2000 las mujeres que usaron anticonceptivos facilitados por el Estado subieron en 60,3%.

Fuente: http://www.forosalud.cl/forosalud/secciones/muestra.asp?query=categoria+%3D+'%22TC+oficializa+fallo+que+proh%EDbe+distribuci%F3n+de+p%EDldora+del+d%EDa+despu%E9s+en+el+sistema+p%FAblico'

7 de Marzo de 2008, para el Gobierno, ''carece de todo fundamento jurídico''

Alianza materializa acusación constitucional contra Yasna Provoste.

La presentación se sustenta en cinco puntos relativos al caso Subvenciones, entre las que destacan la no correción de ''graves infracciones e irregularidades cometidas por la Seremi'' en Santiago, la confirmación al frente de dicha repartición de Alejandro Traverso y la entrega de ''informaciones falsas o intencionadamente incompletas a la opinión pública y la Cámara''.

Cinco de los 10 diputados de la derecha que patrocinaron la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Yasna Provoste, anunciaron que este viernes por la tarde el documento original ingresará a la oficina de partes de la Cámara de Diputados en Valparaíso.

Los parlamentarios que respaldaron la iniciativa fueron los jefes de bancada de Renovación y la UDI, Mario Bertolino y José Antonio Kast, además de los RN Germán Becker, René Manuel García, Rosauro Martínez y Alfonso Vargas, así como también los gremialistas Enrique Estay, Iván Moreira, Juan Masferrer y Darío Paya. En la Alianza, explicaron que serán Kast y Becker, ambos en su calidad de integrantes de la comisión de Educación, quienes encabezarán la embestida durante las sesiones de la instancia legislativa que deberá resolver la cuestión previa para que la acusación continúe su trámite.

Aún cuando el documento original no se dio a conocer en el conglomerado de derecha, explicaron que tiene más de 100 páginas, en las que se especifican los incumplimientos de la ministra sustentados en la ley de Bases, ley 18.956 del Ministerio de Educación, estatuto administrativo, ley de Probidad y DFL2. El autor del esquema de la acusación, la que posteriormente los parlamentarios fueron rellenando, fue el abogado Cristián Valenzuela y quienes encabezaron el proceso de redacción, elaboración y marco jurídico fueron los directores ejecutivos del Instituto Libertad y la Fundación Jaime Guzmán, María Luisa Brahms y Miguel Flores. Asimismo, el libelo acusatorio se sustenta no sólo en el informe de la Contraloría, sino que también en el capítulo especial de ética funcionaria y otros elementos aportados por los abogados del sector.

En una minuta entregada a la prensa, los parlamentarios de la Alianza sostienen que Yasna Provoste “no corrigió las graves infracciones e irregularidades cometidas por la Seremi de Educación metropolitana en materia de recursos públicos” y “no sancionó las infracciones graves a la ley de Subvenciones”. La criticaron también por mantener en su cargo a Alejandro Traverso, en su calidad de “responsable de las infracciones e irregularidades graves”, así como por “ignorar auditorías que daban cuenta de gravísimas irregularidades cometidas en distintos programas y regiones del país”. También la cuestionaron por “entregar informaciones falsas o intencionadamente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa”. De la acusación se dará cuenta en la sala en la sesión del próximo martes 11 de marzo e inmediatamente se sortearán los cinco diputados que integrarán la comisión que revisará la llamada “cuestión previa”.

Gobierno reafirma defensa Consultado al respecto, el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, dijo que La Moneda “rechaza” la iniciativa, “ya que carece de todo fundamento jurídico”. “Esto rompe un clima de entendimiento político que los chilenos demandan. Aquí, el desalojo ha ganado, ha ganado en la derecha, en los que lo sostienen, pero el desalojo y la confrontación no están instalados en el alma ni en la conciencia de la abrumadora mayoría de los chilenos, que no quieren más pelea, sino que entendimiento y que el Gobierno y la oposición se pongan de acuerdo para que el país avance”, agregó.

Si bien calificó la idea de “lamentable”, recordó que los legisladores están haciendo uso de un derecho constitucional, “delicado, por lo que uno esperaría la mayor responsabilidad en su uso”. “El Gobierno va a defender por convicción, por respeto a las instituciones, a la tradición y por la democracia -que hemos reconstruido entre todos desde hace 18 años- a la ministra Provoste, convencido de que esta acusación es injusta e infundada”, advirtió. Finalmente, dijo espera un “debate argumentado”, porque condenar de antemano a la funcionaria basándose en la composición del Congreso sería “jugar con las instituciones”.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_nueva.asp?id_noticia=241940